Por: Ana María Campos
Fotografía: Cristóbal Arévalo
El Rector de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Rufino Quezada, junto a otras personalidades del país, se unió a la iniciativa impulsada por diferentes organizaciones de la vida civil por el derecho al acceso al agua.El documento denominado “Carta por el derecho al agua” fue suscrito el pasado 13 de noviembre de 2007 por el Ingeniero Rufino Quezada, Rector de la UES; la Doctora María Isabel Rodríguez, ex Rectora; Fernando Umaña, Director de Teatro; el Doctor José Domingo Méndez,
ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y Alcira Alonso de la Fundación Ballet de El Salvador, entre otros.
La actividad fue desarrollada por organizaciones no gubernamentales aglutinadas en el Foro del Agua por la Sustentabilidad y el Derecho, con el apoyo de las fundaciones Ayuda en Acción (España) y Heinrich Boll (Alemania).
Carta por el derecho al agua
Nosotras y nosotros, salvadoreñas y salvadoreños destacados en la vida académica, profesional, cultural, artística y deportiva del país, ante la opinión pública nacional e internacional, manifestamos nuestra preocupación por la situación en que se encuentra el agua potable y saneamiento en el país, lo que se evidencia en los siguientes datos.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en el 2005, sólo el 60% de la población tenía una conexión domiciliar de agua (dentro o fuera de la vivienda), cifra inferior al 75% que es promedio regional (OMS-UNICEF, 2004);
El país se encuentra en el último lugar de acceso a agua potable y el penúltimo lugar en saneamiento en América Latina (Informe del Banco Mundial, 2005).
La inversión pública en agua ha sido y continúa siendo muy escasa; por ejemplo, en el año 2005, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sólo invirtió poco menos de U$ 15 millones, cifra que representó el 3.5% de la inversión pública total y el 0.9% del Producto Interno Bruto (según datos del PNUD);
Los problemas de desabastecimiento en algunas zonas del país es tal que existen muchas comunidades que pasan semanas y a veces hasta meses sin recibir el vital líquido en sus casas.
Los problemas de desabastecimiento en algunas zonas del país es tal que existen muchas comunidades que pasan semanas y a veces hasta meses sin recibir el vital líquido en sus casas;
Los problemas con el abastecimiento y calidad del agua han conducido al floreciente negocio del agua envasada, que según estimaciones del PNUD tendrán una facturación anual U$ 43.5 millones, lo que representa un 65% del valor facturado por ANDA en el año 2005.
Estos evidentes problemas de calidad, disponibilidad y accesibilidad constituyen sólo algunas señales de la grave situación en que se encuentran los recursos hídricos en nuestro país, y dentro de ellos, el agua para consumo humano, lo que afecta a las familias empobrecidas, sobre todo a la niñez, quienes padecen enfermedades gastro-intestinales y epidemias hidro-transmisibles. Las mujeres también se ven perjudicadas, pues en la mayoría de los casos son responsables de asegurar cotidianamente el abastecimiento del agua en sus hogares, viéndose obligadas a invertir mucho tiempo y energía para obtenerla, incrementando así su carga laboral y afectando su calidad de vida.
Esta situación tiene a la base la escasa prioridad que el agua potable y saneamiento han tenido en las políticas públicas durante décadas. La ausencia de una política hídrica nacional, la baja inversión que el Estado otorga a este sector, así como la inefectividad de los marcos legales e institucionales, ha favorecido la mercantilización del agua, lo que pone en alto riesgo la estabilidad y el bienestar social y económico del país.
Mientras esto sucede en el país, a nivel internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Las Naciones Unidas ha reconocido el Derecho Humano al Agua, como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; considerándolo como una condición previa para la realización de otros derechos humanos.
Por lo que en base a lo anterior expuesto,
nosotras y nosotros nos pronunciamos porque en el país:
1. Se aumente la inversión pública en agua y saneamiento en al menos el 1% del Producto Interno Bruto.
2. Se logre el pleno cumplimiento del Derecho Humano al Agua, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que el Estado salvadoreño está obligado a cumplir.
3. Se implemente una política hídrica nacional con visión integral, participativa y sustentable, que impida la mercantilización y privatización de los recursos hídricos.
San Salvador, 13 de noviembre de 2007.
