Por: Ana María Campos
A la fecha no existe una investigación completa sobre los hechos ocurridos el 30 de julio de 1975, aunque la inquietud de investigar y deducir responsabilidades ha estado presente dentro de las autoridades universitarias. El 10 de septiembre del año 2004, la Asamblea General Universitaria (AGU) acordó solicitar una investigación de la masacre del 30 de julio.
En el acuerdo No.45/2003-2005 literalmente dice:
“1) Adquirir el compromiso de crear las condiciones para que la Universidad de El Salvador, pueda presentar una demanda en contra del Estado de El Salvador, por la masacre del 30 de julio de 1975.
2) Encomendar a la Fiscalía General y a la Defensoría de los Derechos de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la UES, para que investiguen y documenten la masacre del 30 de julio de 1975, para presentar demanda ante instancias nacionales e internacionales”.
Según la Defensora Adjunta de la Universidad de El Salvador, Licda. Claudia Melgar de Zambrana, la iniciativa tenía como objetivo presentar una denuncia a nombre de la Universidad ante un organismo internacional. Sin embargo, cuando se reunieron con expertos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, descubrieron que el proceso no sería sencillo.
“Nos planteaban que ellos tenían que ver que se habían agotado las instancias para hacer justicia interna y si nosotros lográbamos recopilar que las denuncias habían estado interpuestas en su momento y que la policía ni la fiscalía habían hecho nada, eso ya era prueba de que no se había querido abrir la investigación”, sostiene Sermeño.
La funcionaria aclara que para presentar este tipo de denuncias se requiere realizar una investigación compleja, a fin de contactar a los familiares de las víctimas y conocer si en su momento fueron presentadas las denuncias o no.
Asimismo, se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo para investigar y documentar el caso. A la fecha la Universidad no ha realizado un estudio exhaustivo sobre el caso y tampoco ha presentado una denuncia a nivel internacional por los hechos ocurridos el 30 de julio de 1975.
A la necesidad de investigar la masacre estudiantil, el historiador Ricardo Argueta agrega la falta de una política de memoria de la Universidad de El Salvador. “La Universidad podría tener dentro de sus planes de trabajo una parte encaminada a la política de memoria… a fin de que todos los acontecimientos que tienen importancia en la relación de la Universidad con el Estado no queden en el olvido”.
A la fecha no existe una investigación completa sobre los hechos ocurridos el 30 de julio de 1975, aunque la inquietud de investigar y deducir responsabilidades ha estado presente dentro de las autoridades universitarias. El 10 de septiembre del año 2004, la Asamblea General Universitaria (AGU) acordó solicitar una investigación de la masacre del 30 de julio.
En el acuerdo No.45/2003-2005 literalmente dice:
“1) Adquirir el compromiso de crear las condiciones para que la Universidad de El Salvador, pueda presentar una demanda en contra del Estado de El Salvador, por la masacre del 30 de julio de 1975.
2) Encomendar a la Fiscalía General y a la Defensoría de los Derechos de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la UES, para que investiguen y documenten la masacre del 30 de julio de 1975, para presentar demanda ante instancias nacionales e internacionales”.
Según la Defensora Adjunta de la Universidad de El Salvador, Licda. Claudia Melgar de Zambrana, la iniciativa tenía como objetivo presentar una denuncia a nombre de la Universidad ante un organismo internacional. Sin embargo, cuando se reunieron con expertos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, descubrieron que el proceso no sería sencillo.
“Nos planteaban que ellos tenían que ver que se habían agotado las instancias para hacer justicia interna y si nosotros lográbamos recopilar que las denuncias habían estado interpuestas en su momento y que la policía ni la fiscalía habían hecho nada, eso ya era prueba de que no se había querido abrir la investigación”, sostiene Sermeño.
La funcionaria aclara que para presentar este tipo de denuncias se requiere realizar una investigación compleja, a fin de contactar a los familiares de las víctimas y conocer si en su momento fueron presentadas las denuncias o no.
Asimismo, se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo para investigar y documentar el caso. A la fecha la Universidad no ha realizado un estudio exhaustivo sobre el caso y tampoco ha presentado una denuncia a nivel internacional por los hechos ocurridos el 30 de julio de 1975.
A la necesidad de investigar la masacre estudiantil, el historiador Ricardo Argueta agrega la falta de una política de memoria de la Universidad de El Salvador. “La Universidad podría tener dentro de sus planes de trabajo una parte encaminada a la política de memoria… a fin de que todos los acontecimientos que tienen importancia en la relación de la Universidad con el Estado no queden en el olvido”.
