El Dr. Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, y el Ing. Rufino Quezada, Rector de la Universidad de El Salvador, durante la firma del acuerdo el pasado 9 de febrero.
Por: Ana María Campos
Fotografía: Wilfredo Díaz
Garantizar el acceso a la justicia a las personas de escasos recursos económicos busca la Universidad de El Salvador y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un acuerdo de cooperación que fortalecerá la unidad de Socorro Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
El acuerdo denominado “Desarrollo de Implementación de un proyecto de promoción de acceso a
la justicia y asistencia jurídica a grupos vulnerables a través de consultorías gratuitas”, fue suscrito el 9 de febrero por el Ing. Rufino Quezada, Rector de la Universidad de El Salvador. El documento fue previamente firmado por el Secretario General de la OEA, José Miguel Inzulsa.
A la firma del acuerdo asistió el Dr. Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
El acuerdo tiene como objetivo “implementar estrategias de fortalecimiento para la provisión de servicios básicos de asistencia legal a grupos vulnerables en la ciudad de San Salvador y su periferia, mediante la participación activa de los estudiantes de la Facultad y en cooperación con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil”.
Según el Dr. Dante Negro, una de las líneas de trabajo del actual Secretario General de la OEA es el tema de acceso a la justicia. En este sentido, destacó que han recibido financiamiento de una agencia de Canadá para apoyar las oficinas de asistencia jurídica de algunas universidades de la región, entre éstas Socorro Jurídico.
En el caso de la Facultad de Derecho, la OEA apoyará en la realización de una investigación sobre reformas judiciales destinadas a mejorar el acceso a la justicia para grupos vulnerables, el equipamiento de Socorro Jurídico, el pago de los costos judiciales derivados de los casos atendidos y de una persona responsable de la unidad, entre otros.
El Rector de la Universidad de El Salvador Ing. Rufino Quezada dijo que el acuerdo permitirá que la Facultad de Jurisprudencia tenga una “identidad más fuerte con la sociedad salvadoreña, especialmente con los sectores que no tienen posibilidades para solventar problemas con la justicia”.
Para el funcionario, el acceso a la justicia es una situación difícil en el país “aunque la Constitución y las leyes de la república digan que todos somos iguales ante la ley, en la realidad eso no funciona, siempre el que tiene recursos o posibilidades de maniobrar con la justicia puede solventar cualquier situación”.
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. José Humberto Morales, dijo que con este proyecto se busca una mayor participación de los estudiantes en el trabajo de proyección social que se realiza a través del Socorro Jurídico. “Esperamos que tengan contacto con la realidad económica, social y jurídica del país, de tal suerte que su formación se vea cualificada, por cuanto posiblemente tengamos profesionales más sensibles”.
El acuerdo tiene una duración inicial de 18 meses que podrán ser renovados en función de los resultados obtenidos en el proyecto.
Fotografía: Wilfredo Díaz
Garantizar el acceso a la justicia a las personas de escasos recursos económicos busca la Universidad de El Salvador y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un acuerdo de cooperación que fortalecerá la unidad de Socorro Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
El acuerdo denominado “Desarrollo de Implementación de un proyecto de promoción de acceso a
la justicia y asistencia jurídica a grupos vulnerables a través de consultorías gratuitas”, fue suscrito el 9 de febrero por el Ing. Rufino Quezada, Rector de la Universidad de El Salvador. El documento fue previamente firmado por el Secretario General de la OEA, José Miguel Inzulsa.
A la firma del acuerdo asistió el Dr. Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
El acuerdo tiene como objetivo “implementar estrategias de fortalecimiento para la provisión de servicios básicos de asistencia legal a grupos vulnerables en la ciudad de San Salvador y su periferia, mediante la participación activa de los estudiantes de la Facultad y en cooperación con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil”.
Según el Dr. Dante Negro, una de las líneas de trabajo del actual Secretario General de la OEA es el tema de acceso a la justicia. En este sentido, destacó que han recibido financiamiento de una agencia de Canadá para apoyar las oficinas de asistencia jurídica de algunas universidades de la región, entre éstas Socorro Jurídico.
En el caso de la Facultad de Derecho, la OEA apoyará en la realización de una investigación sobre reformas judiciales destinadas a mejorar el acceso a la justicia para grupos vulnerables, el equipamiento de Socorro Jurídico, el pago de los costos judiciales derivados de los casos atendidos y de una persona responsable de la unidad, entre otros.
El Rector de la Universidad de El Salvador Ing. Rufino Quezada dijo que el acuerdo permitirá que la Facultad de Jurisprudencia tenga una “identidad más fuerte con la sociedad salvadoreña, especialmente con los sectores que no tienen posibilidades para solventar problemas con la justicia”.
Para el funcionario, el acceso a la justicia es una situación difícil en el país “aunque la Constitución y las leyes de la república digan que todos somos iguales ante la ley, en la realidad eso no funciona, siempre el que tiene recursos o posibilidades de maniobrar con la justicia puede solventar cualquier situación”.
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. José Humberto Morales, dijo que con este proyecto se busca una mayor participación de los estudiantes en el trabajo de proyección social que se realiza a través del Socorro Jurídico. “Esperamos que tengan contacto con la realidad económica, social y jurídica del país, de tal suerte que su formación se vea cualificada, por cuanto posiblemente tengamos profesionales más sensibles”.
El acuerdo tiene una duración inicial de 18 meses que podrán ser renovados en función de los resultados obtenidos en el proyecto.
