Por: Roselia Núñez
Docentes de la Cátedra “Derecho de Seguridad” que forma parte del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, desarrollaron el foro “Hacia la construcción de un concepto de seguridad en función de la defensa de los derechos de la ciudadanía”.
De acuerdo al Doctor Julio Olivo Granadino, docente del Doctorado, la idea con esta actividad “es construir un concepto donde podamos proteger las libertades de los ciudadanos, a partir de una idea que no parta de un Estado de policía represivo, sino de un Estado garante de los derechos de los ciudadanos”.
Durante el foro, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Licenciado Óscar Humberto Luna, explicó que la seguridad pública es un derecho fundamental de todos.
Para el Procurador cuando “no hay garantías de la seguridad pública tenemos inseguridad ciudadana, social, económica, laboral y política, lo cual trae como consecuencia desorden social, inestabilidad, violencia, protestas en las calles, disturbios e irrespeto a la ley”.
Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y con el objetivo de garantizar la seguridad pública, el orden y la paz social, fue creada la Policía Nacional Civil. Lamentablemente dice Luna, una de las instituciones “que más viola los derechos humanos en el país es la Policía Nacional Civil”.
Los últimos datos indican, que de 2 mil 779 denuncias recibidas por la procuraduría en el 2007, 1,826 son contra la PNC.
Luna consideró, que “la desnaturalización de la PNC se debe, a la falta de una adecuada capacitación o es cogitación de los alumnos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es donde se inicia su formación”.
En ese sentido, el Procurador hizo un llamado al Estado para “que asuma de una manera responsable su compromiso de garantizar los derechos de las personas… yo estoy de acuerdo en que la policía realice las funciones que le corresponde, pero que lo haga en el marco estrictamente legal y respetando los procedimientos”.
La falta de atención lo que hace, es generar desorden social, caos, inseguridad, irrespeto y pérdida de la institucionalidad del país, lo cual no favorece en nada el Estado de derecho de un país, dijo.
Docentes de la Cátedra “Derecho de Seguridad” que forma parte del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, desarrollaron el foro “Hacia la construcción de un concepto de seguridad en función de la defensa de los derechos de la ciudadanía”.
De acuerdo al Doctor Julio Olivo Granadino, docente del Doctorado, la idea con esta actividad “es construir un concepto donde podamos proteger las libertades de los ciudadanos, a partir de una idea que no parta de un Estado de policía represivo, sino de un Estado garante de los derechos de los ciudadanos”.
Durante el foro, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Licenciado Óscar Humberto Luna, explicó que la seguridad pública es un derecho fundamental de todos.
Para el Procurador cuando “no hay garantías de la seguridad pública tenemos inseguridad ciudadana, social, económica, laboral y política, lo cual trae como consecuencia desorden social, inestabilidad, violencia, protestas en las calles, disturbios e irrespeto a la ley”.
Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y con el objetivo de garantizar la seguridad pública, el orden y la paz social, fue creada la Policía Nacional Civil. Lamentablemente dice Luna, una de las instituciones “que más viola los derechos humanos en el país es la Policía Nacional Civil”.
Los últimos datos indican, que de 2 mil 779 denuncias recibidas por la procuraduría en el 2007, 1,826 son contra la PNC.
Luna consideró, que “la desnaturalización de la PNC se debe, a la falta de una adecuada capacitación o es cogitación de los alumnos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es donde se inicia su formación”.
En ese sentido, el Procurador hizo un llamado al Estado para “que asuma de una manera responsable su compromiso de garantizar los derechos de las personas… yo estoy de acuerdo en que la policía realice las funciones que le corresponde, pero que lo haga en el marco estrictamente legal y respetando los procedimientos”.
La falta de atención lo que hace, es generar desorden social, caos, inseguridad, irrespeto y pérdida de la institucionalidad del país, lo cual no favorece en nada el Estado de derecho de un país, dijo.
