Luego que los edificios de Oficinas Centrales, Rectoría y Medicina, el pasado 14 de mayo, amanecieran cerrados por miembros autodenominados del “bloque social” y de la Asociación de Estudiantes Universitarios (ASEU), un día después las actividades se normalizan.
Este 15 de mayo, alrededor de las once de la mañana los ocupantes de los edificios desalojaron voluntariamente las instalaciones, reinstalándose inmediatamente con normalidad todas las actividades.
El primer día de la toma, el Consejo Superior Universitario sesionó y tomó el acuerdo de dar un ultimátum para que desalojen los edificios. El plazo máximo eran las cinco de la tarde, caso contrario se acudiría a las instancias competentes del país.
Sin embargo, la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República no se llevó a cabo.
Las autoridades universitarias aseguran que “no es cierto que se esté negociando a espaldas de la comunidad universitaria un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID”.
Además, agregan que “se está discutiendo con el gobierno un refuerzo presupuestario para la UES. El resultado de dichas pláticas será ratificado, enmendado o denegado en su debido momento por las máximas autoridades de la Universidad de El Salvador, como son el Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria.
El Rector, Ingeniero Rufino Quezada condenó los hechos. Ante declaraciones a los medios de comunicación dijo que se aplicaría la legislación universitaria en este caso. “El consejo decidirá sancionar con apertura de expedientes. La toma de edificios es falta grave”.
En el caso del Secretario General de SETUES (Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador), Alfredo Martínez, el Ingeniero Quezada afirma que no será restituido.
El reinstalo de Martínez era otra de las peticiones que los ocupantes exigían a las Autoridades.
En la Universidad hay mecanismos de diálogo, dijo el Rector, por lo que “la toma de edificios no obedece a la democracia interna”.
Este 15 de mayo, alrededor de las once de la mañana los ocupantes de los edificios desalojaron voluntariamente las instalaciones, reinstalándose inmediatamente con normalidad todas las actividades.
El primer día de la toma, el Consejo Superior Universitario sesionó y tomó el acuerdo de dar un ultimátum para que desalojen los edificios. El plazo máximo eran las cinco de la tarde, caso contrario se acudiría a las instancias competentes del país.
Sin embargo, la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República no se llevó a cabo.
Las autoridades universitarias aseguran que “no es cierto que se esté negociando a espaldas de la comunidad universitaria un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID”.
Además, agregan que “se está discutiendo con el gobierno un refuerzo presupuestario para la UES. El resultado de dichas pláticas será ratificado, enmendado o denegado en su debido momento por las máximas autoridades de la Universidad de El Salvador, como son el Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria.
El Rector, Ingeniero Rufino Quezada condenó los hechos. Ante declaraciones a los medios de comunicación dijo que se aplicaría la legislación universitaria en este caso. “El consejo decidirá sancionar con apertura de expedientes. La toma de edificios es falta grave”.
En el caso del Secretario General de SETUES (Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador), Alfredo Martínez, el Ingeniero Quezada afirma que no será restituido.
El reinstalo de Martínez era otra de las peticiones que los ocupantes exigían a las Autoridades.
En la Universidad hay mecanismos de diálogo, dijo el Rector, por lo que “la toma de edificios no obedece a la democracia interna”.
