Por: Xiochilt EscalanteFotografía: Cristóbal Arévalo
Distintos gremios vinculados al quehacer jurídico, la Universidad de El Salvador y Universidades Privadas del país iniciarán el 30 de abril, en el auditorio Herbert Anaya Sanabria de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, un ciclo de foros itinerantes tendientes a crear un espacio de debate plural sobre el Proyecto de Nuevo Código Procesal Penal.
Los foros pretenden constituirse en una crítica y que a la vez sirvan para corregir algunos problemas señalados, a este proyecto presentado a mediados del año 2007, por el Ministro de Seguridad Ciudadana y Justicia, René Figueroa, ante la Asamblea Legislativa, para su aprobación.
El Doctor José Humberto Morales, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, declaró en conferencia de prensa, que el ejecutivo pretende responder a los problemas de criminalidad del país, con la implementación de un nuevo proyecto de código procesal penal que distintos sectores vinculados al tema de la aplicación de justicia, así como instituciones académicas y gremiales han denunciado que atenta contra principios contenidos en la constitución.
El académico concibe que esta respuesta obedece a la incapacidad del ejecutivo de responder a la sociedad ante los altos índices de criminalidad, ya que en los últimos años se han realizado alrededor de 400 reformas a las leyes del país.
Con el ciclo de foros que finalizarán en el mes de julio, se busca que los principales gestores de la iniciativa de reforma; Ministerio de Seguridad Ciudadana y Justicia, personalidades de la magistratura del país, diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa y Académicos debatan entorno a las condiciones en qué surge este nuevo proyecto y cuál es el modelo de política criminal que representa.
Además se plantearán alternativas desde la sociedad en el combate a la criminalidad garantizando un proyecto de seguridad pública que sea congruente con el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los salvadoreños.
En los foros organizados por la comunidad jurídica y las universidades participaran también la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se espera que este esfuerzo tenga un alcance en Oriente, Occidente y la zona Paracentral del país.
Proyecto en discusión en la Asamblea
El anteproyecto fue elaborado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y desde finales de noviembre del año 2007 se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa, donde sólo necesitaría de los votos de ARENA y el PCN para su aprobación.
“La Asamblea Legislativa ha decidido crear una comisión especial para que someta al conocimiento el contenido de ese proyecto, la viabilidad que pueda tener y desde luego el compromiso de realizar una consulta entre distintos sectores interesados como los aplicadores de justicia y la comunidad académica” sostiene el Doctor Morales.
Según el Licenciado Eliseo Ortiz, docente de la UES y Magistrado de Cámara en este momento hay una propuesta en la comisión especial de la Asamblea Legislativa de hacer una especie de talleres en el mes de mayo, donde participen instituciones académicas, jueces y abogados.Se conoce extraoficialmente que la comisión de la Asamblea Legislativa mantiene reuniones privadas con representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Fiscalía y organismos involucrados del Sector Justicia para elaborar una segunda versión del Proyecto de Código Procesal Penal, ya que el Consejo Nacional de la Judicatura ha realizado observaciones al Proyecto presentado oficialmente en el 2007.
Sin embargo, el Licenciado Ortiz cree que estas modificaciones que se están haciendo mantienen la idea fundamental del actual proyecto, que es la de dotar a la Fiscalía de funciones jurisdiccionales y restársela a los jueces, vulnerándose algunos derechos fundamentales y garantías ciudadanas consagradas en la Constitución de la República.
El gremio de juristas y las universidades esperan que la Comisión Especial realice la consulta programada para el mes de mayo y que se involucre en ella a toda la comunidad jurídica del país.
